Renovado impulso a causas por represión en la Esma

Entre octubre y diciembre último, desde que la Corte Suprema de Justicia ordenó imprimir celeridad a las causas por delitos de lesa humanidad, Casación dejó firme procesamientos y prisiones preventivas a ex represores como Jorge “Tigre” Acosta y Alfredo Astiz. Además, ratificó la imprescriptibilidad de los delitos, avaló la detención de decenas de acusados hasta el juicio oral y ratificó la inconstitucionalidad del indulto presidencial a ex jerarcas de la represión en la última dictadura. Así quedó atrás un período de cuatro años en el que el máximo tribunal penal del país dilató las decisiones, en base a excusaciones de todos sus miembros, una situación que llevó a denunciar a cuatro de ellos ante el Consejo de la Magistratura. Ahora la sala II del máximo tribunal penal del país firmó en solo tres meses casi 100 resoluciones, luego que la Corte Suprema le ordenó en octubre pasado encargarse de la mega causa al rechazar las excusaciones de sus tres integrantes, Pedro David, Juan Fégoli y Gustavo Mitchell. En su mayor parte, los camaristas dejaron firmes decisiones tomadas por un tribunal de apelaciones de segunda instancia, la Cámara Federal, y destrabaron así el inicio de juicios orales previstos para este año por el Tribunal Oral en lo Federal 5. A pocos días del pronunciamiento de la Corte, la sala II emitió su principal resolución: avaló la reapertura de la mega causa al rechazar un recurso del detenido Raúl Scheller, que databa de cuatro años atrás. Pero desde entonces, todas las semanas firmó una batería de fallos de relevancia, como los que dejaron firme el procesamiento y prisión preventiva de Jorge “Tigre” Acosta, Antonio Pernías, Alfredo Astiz, Jorge Radice, Manuel García, Néstor Savio y Victor Cardo, todos ellos acusados de cometer delitos de lesa humanidad. Idéntica decisión tomó la Cámara de Casación Penal con otros detenidos por delitos cometidos entre 1976 y 1977, al inicio de la dictadura militar, como Ricardo Corbetta, Raúl González, Ernesto Weber, Juan Carlos Rolón, Alberto González, Pedro Santamaría y Francisco Rioja. Todos están procesados con preventiva por “imposición de tormentos, en forma reiterada, en concurso real con el delito de privación ilegal de la libertad agravada en forma reiterada y en grado de partícipes necesarios”. El tribunal consideró que los imputados deben seguir presos hasta el juicio por la “gravedad de los hechos” por los cuales serán juzgados. Por otra parte, Casación rechazó la prescripción de los delitos al desestimar recursos de queja de varios detenidos, entre ellos Adolfo Donda y Juan Carlos Rolón. Para ello, el tribunal penal siguió la doctrina impuesta por la Corte Suprema en casos anteriores, donde se consideró que “los delitos como el genocidio, la tortura, la desaparición forzada de personas, el homicidio y cualquier otro tipo de actos dirigidos a perseguir y exterminar opositores políticos pueden ser considerados crímenes de lesa humanidad” y son imprescriptibles.