Judiciales | La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió que el planteo sindical deje la órbita laboral y continúe su trámite en un ámbito más favorable para el Estado. Se trata de un nuevo respaldo judicial para la gestión de Javier Milei.
El Gobierno nacional sumó este martes una nueva victoria judicial en medio de la fuerte disputa abierta con la Confederación General del Trabajo (CGT) por la reforma laboral aprobada por el Congreso.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió declararse competente para intervenir en la demanda presentada por la central obrera y ordenó que el expediente deje de tramitar en la Justicia laboral para pasar definitivamente a ese fuero, considerado de mayor afinidad con los planteos del Estado nacional.
La decisión representa un duro revés para la CGT, que había impulsado una acción judicial solicitando la declaración de inconstitucionalidad de varios artículos de la reforma, al entender que vulneran derechos adquiridos por los trabajadores y avanzan sobre garantías históricas del empleo formal.
Sin embargo, los Camaristas Rogelio Vicenti y Marcelo Duffy entendieron que el reclamo no debe analizarse como un conflicto estrictamente laboral entre partes privadas, sino como una controversia planteada contra el Estado en su rol de legislador, dado que la impugnación se apoya en normas constitucionales, leyes federales y tratados internacionales.
Bajo ese criterio, resolvieron que la causa continúe en el fuero contencioso administrativo. El fallo significa, en los hechos, un escenario judicial más complejo para la central sindical, ya que el Gobierno considera que en ese ámbito tendrá mayores posibilidades de sostener la vigencia de la reforma mientras se discute el fondo de la cuestión.
No es un dato menor: días atrás ya se había producido otro avance favorable para la Casa Rosada cuando quedó reactivada la aplicación de buena parte del paquete normativo cuestionado, lo que profundizó la tensión con el sindicalismo, que mantiene firme su postura de confrontación.
Desde la CGT insisten en que la norma implica una flexibilización encubierta de las condiciones laborales, reduce protecciones y altera institutos sensibles del derecho del trabajo, por lo que adelantaron que continuarán dando batalla en el plano judicial y político.
En ese contexto, la conducción cegetista ratificó además la movilización prevista para el 30 de abril, en la antesala del Día del Trabajador, advirtiendo que la conflictividad con el Gobierno nacional podría escalar si persiste el avance sobre derechos laborales y sindicales.
Para la administración de Javier Milei, en cambio, el pronunciamiento judicial constituye un respaldo estratégico dentro de una de las reformas estructurales que considera centrales para su programa económico: desregular el mercado laboral, reducir litigiosidad y modificar el esquema de contratación vigente.
Así, mientras la discusión de fondo todavía promete nuevos capítulos, la pulseada entre el oficialismo y la CGT ya muestra un dato concreto: en la Justicia, por ahora, el Gobierno viene consiguiendo terreno favorable.
