Ricardo Jaime acumula 21 denunicas en su contra

Más allá del trámite legislativo, que seguirá su curso en el Senado, el proyecto del Gobierno para rescatar y reestatizar Aerolíneas Argentinas comenzó a transitar desde ayer un nuevo camino: el judicial. El secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y el ministro de Planificación, Julio De Vido, quedaron en el centro de la escena acusados de ser responsables de cometer fraude en perjuicio de la administración pública y de violar los deberes de funcionario público. Mientras tanto, desde algunos sectores de la oposición dan por descontado que ante el primer conflicto que surja entre el proyecto que consiguió media sanción de Diputados la madrugada de ayer y el acta acuerdo firmada por Jaime y el grupo Marsans, dueño de la empresa, la vía judicial también surgirá como una alternativa para los empresarios españoles. Ayer al mediodía, seis diputados nacionales de la Coalición Cívica, encabezados por el titular del bloque, Adrián Pérez, realizaron una presentación judicial en los tribunales de Comodoro Py. En la denuncia, apuntan a Jaime y De Vido al sostener que “quienes fueran conocedores del obsceno vaciamiento de las aerolíneas, se erigen como los promotores de su ‘rescate’ en clara violación de sus deberes de funcionarios públicos, actuando fraudulentamente”. El funcionario Jaime, responsable del servicio de los transportes públicos desde hace ya cinco años, fue el centro de las principales críticas en la sesión del jueves de la Cámara de Diputados. Y no sólo desde la oposición. Miembros del oficialismo, aunque por lo bajo, también se permitieron denostarlo. Unos y otros pidieron desde su renuncia hasta su prisión. Denuncia. Para argumentar la denuncia, los diputados consideran que las pruebas de los ilícitos denunciados se encuentran en los fundamentos del proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió al Congreso. También estarían en el Acta Acuerdo firmada el 17 de julio de 2008, que fue enviado como anexo al proyecto, y en otra Acta Acuerdo, con fecha del 15 de mayo último, que tiene carácter confidencial. La firma del primer acuerdo fue divulgada por el Gobierno, y se anunció el aumento de las acciones del Estado en Aerolíneas y el ingreso de un accionista privado nacional. Sin embargo, el contenido de ese acta nunca se hizo público. Los legisladores lo presentaron en su denuncia, a la cual PERFIL tuvo acceso en exclusiva, y, citándolo, afirman que en ese momento se decidió “obligar al Estado argentino en lo que denominaran ‘una opción de venta voluntaria, pero de obligada aceptación para el Estado Argentino’ a incrementar su participación accionaria”. Pérez, Elsa Quiroz, Fernando Sánchez, Juan Carlos Morán, Griselda Baldata, Fernanda Reyes y Fernando Iglesias acusan en el escrito a Jaime de “demostrar una absoluta desidia para evitar la grave situación económica y financiera en la que Marsans sumergió a ambas empresas” y de suscribir “un contrato de compra-venta con un grupo empresarial que dio sobradas muestras de sus manejos fraudulentos y perjudiciales respecto a las sociedades a su cargo, sin conocer siquiera uno de los elementos esenciales del contrato: el precio o costo de la operación”. Por otra parte, la denuncia hace referencia a la transferencia de partidas presupuestarias de programas de viviendas a las líneas aéreas. “No implican otra cosa que actos de previsible dilapidación de fondos públicos, en claro incumplimiento de sus funciones y de los deberes de leal administración de los bienes públicos”, reza el texto. Los denunciantes también suman a su presentación que la última Acta Acuerdo establece la valuación “por descuento de flujo de fondos futuros”, considerando como activos “los fondos futuros que van a surgir por beneficios otorgados del propio erario público”, como subsidios en combustibles o beneficios tributarios. [b]La 21ª denuncia contra Jaime recae en manos de Oyarbide[/b] La denuncia judicial presentada por diputados de la Coalición Cívica recayó en el Juzgado Federal Penal Nº 7, que en la actualidad se encuentra vacante. El juez subrogante, que debería hacerse cargo de la presentación, es Norberto Oyarbide. En cinco años como secretario de Transporte, Ricardo Jaime ya recibió 20 denuncias judiciales. En el tema “aviones”, la UCR lo denunció por el presunto vaciamiento de Aerolíneas Argentinas y el español Antonio Mata por el supuesto pedido de una coima de 6 millones de dólares para poner en marcha su aerolínea Air Pampas. Tiene seis denuncias por la distribución arbitraria de subsidios al gasoil, cinco por beneficiar con subsidios a empresas ferroviarias, una por el proyecto del tren bala y otra por el contrabando de drogas de Southern Winds. Suma una causa por encubrir un incendio, tres por discriminación laboral y acoso sexual, y otra por discriminación racial. Fuente: Gabriel Ziblat diario Perfil.