Miércoles 6 de Julio de 2005, 13:18

ROSARIO-VICTORIA BAJO LA LUPA

| Ex funcionarios de los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa fueron denunciados ante la Justicia por las supuestas irregularidades cometidas en el marco de la concesión de la obra para la construcción del enlace vial Rosario-Victoria.

La presentación fue realizada ante el juez federal Jorge Urso por el titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, quien pidió que se investigue al ex ministro de Economía Roque Fernández, quien resulta el ex funcionario de más alto rango imputado. También están involucrados los ex secretarios de Obras Públicas de Menem, Raúl Costamagna, y de De la Rúa, Máximo Fioravanti; el ex presidente de la Comisión Tripartita encargada de controlar la obra, Pedro Morrone y la ex directora de Asuntos jurídicos del Ministerio de Economía, Yolanda Eggink, entre otros. En la denuncia, a la que Télam tuvo acceso, Garrido destacó que los ex funcionarios «a través de su actuar, habrían permitido que el concesionario se beneficie indebidamente a costa del patrimonio del Estado Nacional», que habría pagado un 10 por ciento más de lo debido por la obra. “El Estado dispuso pagos al concesionario (Puente del Litoral) de sumas superiores a las debidas, en tanto en algunos casos certificó trabajos que no habían sido realizados y en otros, aceptó el incremento de costos no justificados”, explicó el fiscal. Agregó que la empresa concesionaria no presentó las garantías correspondientes para realizar la obra y que el Estado nunca accionó contra la empresa pese a los reiterados incumplimientos en los plazos de ejecución. En la investigación, surge que los imputados habrían cometido numerosos delitos: defraudación a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, falsificación ideológica de documento público, usurpación de funciones y/o violación de los deberes de funcionario público. El escrito tiene como base fundamental un trabajo realizado por la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), a pedido del senador socialista Rubén Giustiniani, ex integrante de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados. “Esto es consecuencia de la inacción del Estado, que no controla con los organismos que corresponden, lo que deriva siempre en el incumplimiento de las empresas contratistas”, expresó el senador desde Rosario, al ser consultado por la denuncia. Fuente: APF