Se inició el juicio contra represores en Corrientes

El Tribunal Oral Federal empezó el proceso contra cinco imputados, tres ex militares y dos ex gendarmes, acusados de decenas de secuestros, torturas y de las desapariciones de los jóvenes correntinos, Rómulo Artieda y Ramón Vargas. El comienzo de este primer juicio en la provincia por delitos de la represión sucedió en medio de disturbios entre familiares y amigos de los ex militares y militantes de derechos humanos que se congregaron en la esquina del Tribunal, Pellegrini y La Rioja, para apoyar a unos y otros. Hubo empujones, insultos y escupitajos, minutos antes de que comenzara la audiencia, aunque finalmente volvió la calma cuando la policía provincial separó a ambos bandos. Esos hechos mostraron a un sociedad correntina dividida en dos sectores bien diferenciados, con la participación en las manifestaciones de Cecilia Pando, la esposa del ex mayor Pedro Mercado en apoyo a los represores, y de la religiosa Martha Pelloni, quien pidió condena para los acusados. También estuvieron, por un lado, miembros de la Sociedad Rural de Corrientes, empresarios locales, y dirigentes del partido Liberal, que representan a la política de centroderecha en la provincia. Aunque por su grave estado de salud el ex general Cristino Nicolaides será juzgado en otro momento, el proceso empezó para los ex capitanes del Regimiento de Infantería 9, Juan Carlos De Marchi, Rafael Barreiro y Horacio Losito, y los ex gendarmes Carlos Piriz y Roberto Reynoso, quienes están detenidos desde 2004. Adentro, en la sala juzgadora todo transcurrió con normalidad y a las 9:00, el Tribunal dio inicio con la lectura del expediente que contiene las acusaciones contra los imputados que, por separado, elevaron el ministerio Público Fiscal, el juez de Instrucción Carlos Soto Dávila, y la querella que representa al Estado nacional en nombre de la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Eduardo Luis Duhalde. A las 15:00, se dispuso un cuarto intermedio que será retomado mañana a las 8:30 con las acusaciones de los abogados de la Comisión Provincial de Derechos Humanos. Las acusaciones elevadas son casi idénticas y se basan en el testimonio de quince ex detenidos del Regimiento 9, declarado como centro clandestino de detención entre 1976 y 1983. Todos los requerimientos que fueron leídos consideraron que a los acusados les corresponde la calificación legal de "Asociación Ilícita, por una comisión indeterminada de delitos", que funcionaba con "un mínimo de tres personas" como un "grupo de tareas", en base a "informes del servicio de inteligencia del Ejército", con el Regimiento como centro de detención. Nicolaides y De Marchi, el también ex presidente de la Rural correntina y empresario ganadero, están acusados de ser los jefes de esa Asociación, mientras que los otros cuatro aparecen como autores y miembros de la misma. El Tribunal abrirá este miércoles el debate y la defensa de los imputados, al menos el abogado Jorge Buompadre que representa a De Marchi y Barreiro, planteará la nulidad del juicio al sostener sus denuncias de que las pruebas "no son suficientes" para culpar a sus defendidos, aunque hay pocas posibilidades de que prospere. Fuente: NA.