| Si no se libera el mercado de hacienda, donde rigen precios máximos, el ruralismo no seguirá en la mesa de negociación. Ante esa situación, la reunión que el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, tenía prevista para hoy con el ruralismo se postergó.
El Gobierno y la producción siguen sin acordar una salida para el mercado de hacienda -virtualmente intervenido por la Secretaría de Comercio Interior- y la comercialización de carne. Ayer, en una extensa reunión con el secretario de Agricultura, Javier de Urquiza, las cuatro entidades que mantienen abierto el diálogo con el Gobierno dejaron en claro que si ese acuerdo no se concreta, no volverán a sentarse a la mesa de negociación.
Ante esa situación, la reunión que el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, tenía prevista para hoy con el ruralismo se postergó hasta pasado mañana. En el Gobierno argumentaron problemas de agenda de Fernández, que mañana deberá brindar informes al Congreso. Hasta que se conoció esta postergación, las negociaciones seguían vía telefónica y eran vertiginosas.
En concreto, el campo pide que se levanten los precios máximos que rigen en el Mercado de Liniers (y que habrían causado una caída del 40% en el ingreso de cabezas); que se libere la exportación de carne proveniente de vacas de conserva y de los cortes traseros de novillos pesados (que prácticamente no tienen demanda en el mercado interno); que se agilice la entrega de los Registros de Operaciones de Exportación (ROE), un requisito formal con el cual el Gobierno ha venido regulando los embarques de carne vacuna; y la concreción del plan ganadero anunciado a finales de julio pasado, que prevé estímulos a la producción de terneros.
Fernández, y la ministra de Economía, Felisa Miceli, analizaban anoche esa propuesta, que también habría llegado al escritorio del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. El Gobierno insiste en mantener un esquema de precios de referencia para la hacienda en pie, algo en lo que los productores no piensan ceder.
En ese punto, la Federación Agraria Argentina (FAA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), el Frente Agropecuario Nacional (FAN) y Coninagro tienen una posición unificada que es compartida también por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), entidad que decidió no participar más de las reuniones oficiales hasta que haya anuncios concretos y que convocó a otro paro agropecuario, aún sin fecha de realización.
Aunque no lo dicen expresamente, el ruralismo quiere que los precios por controlar por Moreno se establezcan en la salida de las plantas frigoríficas, en los supermercados y las carnicerías, y que allí sea donde se revise si se cumple o no con los precios acordados de los doce cortes más consumidos. Según fuentes de la producción, así se transparentaría la compraventa de hacienda, que en los remates feria del interior y en las venta directas no se rige por los precios de Moreno, cosa que sí ocurre en Liniers.
"Que empiecen a controlar alguna vez a la industria y a la cadena de comercialización y dejen de ponerles el pie encima a los productores. Pero esto es una decisión política que ellos tienen que tomar", pidió Eduardo Buzzi, presidente de la FAA, entidad que agrupa a pequeños y medianos productores y que se mantiene en estado de alerta y movilización gremial. "Las entidades hemos planteado con claridad que para ir a la próxima reunión tenemos que tener la certeza de que, en todo o en parte, saldrá algo de esta propuesta", agregó Horacio Delguy, presidente del FAN.
En las últimas semanas, representantes de la producción y de la industria intentaron sin éxito alcanzar consenso en una sola propuesta para llevar al Gobierno. Y las diferencias -que antecedieron a la ruptura- quedaron nuevamente en evidencia cuando hubo que hablar de precios. Para los productores, por la intervención oficial en el mercado de ganado, frigoríficos y carnicerías se están quedando con una rentabilidad extraordinaria.
Si la propuesta de la producción avanza, el ruralismo le habrá torcido la muñeca al secretario Moreno por primera vez. El funcionario, que logró de los frigoríficos una nueva distribución de carne a los precios fijados por su organismo, soporta en los últimos días fuertes críticas de dirigentes de su propio partido, como los gobernadores de Buenos Aires, Felipe Solá, y de La Pampa, Carlos Verna.
Fuente: Campo en Acción.
