SEMANA CLAVE EN EL CONFLICTO POR LAS PASTERAS

Argentina tratará de demostrar en las dos audiencias previstas para el jueves y viernes próximos que Uruguay violó el Tratado del Río Uruguay, que establece que debe haber una comunicación inmediata ante cualquier cosa que se haga en un país y que pueda afectar el medio ambiente del restante. En este caso, Argentina alega que Uruguay permitió construir las pasteras, presuntamente contaminantes, en Fray Bentos, a la vera del río, y frente a Gualeguaychú, Entre Ríos, una de las ciudades entrerrianas que se vería perjudicada por el daño ambiental que podrían causar las plantas de celulosa. Por eso, los representantes argentinos tratarán de que la Corte Internacional de Justicia, con asiento en La Haya, paralice las obras de las pasteras Botnia y Ence, con el objetivo de realizar un estudio del riesgo ambiental que tendrán sobre la región de la cuenca del río Uruguay. Las pasteras son rechazadas por la mayoría de los pobladores de Gualeguaychú, quienes están unidos en una asamblea ciudadana ambiental que mantuvo cortada la ruta hacia Uruguay durante varias semanas del año pasado y el que está en curso, en protesta por esas obras. En ese marco, el gobierno del presidente Néstor Kirchner decidió recurrir a la Corte de La Haya el 4 de mayo pasado, una vez que consideró agotadas las negociaciones con Uruguay, para tratar de que se haga un estudio ambiental serio sobre el impacto de las pasteras que están construyendo Botnia, empresa finlandesa, y Ence, española. El máximo organismo internacional de justicia de las Naciones Unidas aceptó rápidamente empezar a tratar el conflicto que mantienen ambos países y fijó las fechas del 8 y 9 de junio para las audiencias. El equipo argentino, que encabeza la directora de la Consejería Legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerutti, expondrá sus argumentos el jueves 8 de junio, de 10 a 13 (5 a 8 hora de Argentina). El equipo uruguayo, encabezado por el embajador oriental en Francia, Héctor Gros Espiell, expondrá el mismo jueves a partir de las 15 y hasta las 18 (10 a 13 hora argentina). Los expositores argentinos serán Ruiz Cerutti y la titular del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha) Romina Picolotti, pero luego podrían argumentar el resto de los integrantes del equipo de asesores que la Cancillería designó para esta presentación. La jornada del viernes 9 de junio estará dedicada a la réplica argentina (Argentina tiene prioridad por ser el país demandante), entre las 10 y las 12 (5 a 7 hora argentina), y luego la uruguaya, de 16.30 a 18.30 (11.30 a 13.30 hora argentina). La estrategia argentina es lograr una medida cautelar que obligue al Estado uruguayo a exigir a Botnia y Ence la suspensión de las obras de construcción de sus plantas industriales durante 90 días, para permitir la realización de un estudio "independiente" de impacto ambiental en la región, cosa que Uruguay dice que hizo y Argentina rechaza terminantemente. La resolución de la Corte respecto a este pedido de medida cautelar podría llegar antes de fin de julio o inmediatamente después del receso de verano, en agosto, pero el dictamen final sobre la demanda de fondo, que es la violación del Estatuto del río Uruguay, podría llegar a tardar cinco años. La demanda argentina se basa en la violación por parte de Uruguay del Estatuto del río homónimo, firmado por ambos países en 1975, y que dispone un mecanismo de consulta entre ambas naciones antes de autorizar una actividad que pueda dañar el medio ambiente en la región. Ruiz Cerutti y Picolotti alegarán ante "el pleno" de los 15 jueces de distintos países del mundo que componen la Corte y que lucirán, como marca el reglamento, toga negra y pañuelo blanco al pecho. Los quince jueces estarán ubicados sobre el estrado principal del Salón de la Paz del Palacio de La Haya, capital administrativa de Holanda, y escucharán -sin preguntar- al equipo argentino, que se ubicará de frente en la mesa destinada al Estado demandante, y luego al equipo uruguayo, que se sentará en la mesa de la defensa. Las exposiciones se realizan en inglés y francés -los idiomas de la Corte- para evitar traducciones que puedan "desvirtuar" el contenido del alegato y para marcar "tonos y expresiones", dijeron fuentes del tribunal internacional. Recién al final de cada exposición, los jueces podrán realizar preguntas a los expositores. Incluso, podrían pedir pruebas adicionales a cada una de las partes. Fuente: Télam.