Senadores radicales firmaron en disidencia el proyecto ferroviario

Los senadores nacionales por el radicalismo firmaron ayer "en disidencia" el dictamen de mayoría del proyecto de ley de reordenamiento ferroviario que creará dos sociedades estatales que se encargarán de la infraestructura y la prestación de los servicios de los trenes. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional, será discutida en la Cámara alta el próximo miércoles 27, luego de que ayer obtuvo dictamen favorable gracias a las firmas de los legisladores kirchneristas. El proyecto contempla la creación de la Unidad de Administraciones Regionales para que se les dé participación a las provincias. También prevé la creación del Tribunal Arbitral de Transporte Ferroviario en donde se dirimirán todos los conflictos, las cuestiones que surjan entre los municipios y el Organismo Nacional de Administración de los Bienes del Estado (ONABE). El ONABE seguirá tramitando pedidos de distintos organismos y municipios durante los próximos dos años, al término de los cuales esa actividad caducará. Tanto la AIF como la Operadora actuarán en jurisdicción del Ministerio de Planificación Federal. Con ello, la cartera encabezada por el ministro Julio De Vido tendrá competencia en la planificación del sector, la ordenación del sistema y la supervisión de las funciones de ambas sociedades, la habilitación del establecimiento de líneas y ramales y la autorización para la disposición de bienes inmuebles. El radicalismo incluyó dos disidencias, la primera de ellas referida a su disconformidad porque en el proyecto que crea la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (AIF) y la Operadora Red Ferroviaria Sociedad del Estado, no se incorpora al usuario. La segunda señala que el proyecto que llegará al recinto de sesiones, y que fue modificado en las comisiones que lo discutieron, le quita potestades a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte(CNRT). Uno de los cambios introducidos tras la llegada del proyecto a fines de mayo al Congreso establece que el control de los ferrocarriles seguirá en control de la CNRT, pero se deja abierta la puerta para que ese trabajo sea realizado por un organismo similar que aún no fue creado.