SIN RESPETO POR EL FEDERALISMO NI LA DIVISIÓN DE PODERES

En la presentación judicial se considera que el funcionario desobedeció una orden clara, precisa y eficazmente dirigida a su persona por un Juez de la Nación que dispuso la suspensión del llamado a licitación pública nacional e internacional para concesionar un ramal ya otorgado para la explotación del transporte ferroviario interurbano de pasajeros, servicio de correo, transporte de encomiendas, automóviles y paquetería en la red comprendida por las estaciones Federico Lacroze (Buenos Aires) y Posadas (Misiones), además de no atender los compromisos asumidos con la provincia de Corrientes, lo que se considera un avasallamiento del orden federativo. TEA S.A, empresa pyme nacional que fue designada concesionaria del servicio, por 30 años por la provincia de Corrientes, y con mucho esfuerzo y a su entero riesgo recuperó material rodante y tractivo, y sin recibir ningún subsidio logró restablecer el servicio del ramal que había permaneció inactivo por una década (desde el 10 de marzo de 1993 hasta el 25 de septiembre de 2003), demandó al cuestionadísimo Secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime. El cargo que le imputa en la denuncia penal es de “incompetencia o abuso en el ejercicio de un empleo o cargo público”, y la pena que puede recaerle podría inhabilitarlo para ejercer este tipo de empleo. Si bien el ilícito que se le imputa al funcionario está catalogado como “delito contra la administración pública”, no obsta a que la inconducta que se denunció perjudica notoria y directamente a “Trenes Especiales Argentinos S.A” que desde hace tres años ejerce su derecho constitucional de realizar una actividad lícita, la que debe vincularse con los derechos adquiridos, y el principio de legalidad que habría sido avasallada toda vez que el Ministerio de Planificación Federal y la Secretaría de Transporte de la Nación no debió dictar actos administrativos que afectaran derechos y garantías constitucionales. Para que la reactivación del servicio se concretara la provincia de Corrientes firmó oportunamente un convenio con la empresa, acto ratificado posteriormente por la Legislatura (Ley 4963), y contó con el Visto Bueno del Poder Ejecutivo Nacional. El accionar del funcionario denunciado en los tribunales porteños de Comodoro Py había sido objeto de diversos reclamos y presentaciones, entre las que se destacan solicitudes realizadas por el Foro de Legisladores el Crecenea Litoral y del Ministro de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Corrientes quienes en idéntico sentido solicitaron la suspensión del llamado a licitación que impulsa. Asimismo TEA S.A planteó en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Corrientes, a cargo del Dr. Carlos Soto Dávila, Secretaría Número 3, acciones de Amparo que el magistrado hizo lugar. “El Ingeniero Ricardo Jaime, como las empresas participantes del ilegal acto licitatorio, recibió cartas documento donde lo anoticiábamos (una vez más) de la manda judicial que venía siendo desobedecida, y emplazándolo a su acatamiento. Al día de hoy, nada de ello ha ocurrido”, explicó Emilio Franchi. Para el directivo de la firma responsable de “El Gran Capitán” el Secretario de Transporte del Gobierno de Néstor Kirchner “debió suspender la licitación convocada, en forma inmediata tras la notificación que recibió. Y su conducta se verificó es esa omisión, que hasta hoy se viene comprobando. Recordamos que en el proceso de licitación, cuestionado de ilegitimo e ilegal desde un principio por la empresa TEA, es impulsado por el funcionario kirchnerista y apenas logró la presentación de solo un oferente, un grupo de empresas integrado por ALL, la última de las empresas públicas que afronta un proceso de renegociación de su contrato de concesión y aguarda en el venidero mes de diciembre sortear con éxito la audiencia pública del mismo modo que sorprendentemente lo hizo con las múltiples denuncias en su contra de intendentes, concejales, legisladores y hasta organismos como la CNRT y la Auditoria General de la Nación que incluso recomendó rescindir el contrato. Una situación que resulta por lo menos llamativa es la férrea defensa del proceso de licitación que se impulsa desde el gobierno central cuestionando la adjudicación directa que hizo Corrientes, olvidando que el mismo gobierno nacional no practicó una metodología similar en otros ramales que adjudicó en forma directa y “sostiene” mediante el pago de millonarios subsidios.