Skanska: todos sobreseídos y duras críticas al Juez Oyar

Con duros cuestionamientos al Juez Norberto Oyarbide, la Cámara Federal porteña sobreseyó al Secretario de Energía, Daniel Cameron, a ex funcionarios y ex ejecutivos en la causa por presunto pago de sobreprecios en la ampliación de gasoductos en el país en el 2005, por parte de la empresa sueca Skanska. En la primera causa importante por corrupción que involucró al kirchnerismo, también resultó sobreseído el ex interventor del Enargas Fulvio Madaro, mientras que fue revocado el procesamiento del ex gerente de Nación Fideicomisos Néstor Ulloa. Los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero sobreseyeron a los imputados por inexistencia de delito, luego de tener en cuenta un peritaje del Cuerpo de peritos contadores e ingenieros de la Corte Suprema que determinó que no hubo sobreprecios en las obras de los gasoductos. Además de Cameron y otros ex funcionarios, la Cámara también dejó sin efecto los procesamientos de varios ex directivos de la firma Skanska, así como de Transportadora de Gas del Norte (TGN) y de Transportadora de Gas del Sur (TGS). El fallo de la Cámara es de unas 80 carillas y en varios de sus tramos los jueces criticaron al Juez Oyarbide puesto que incurrió en posturas "merecedoras de cuestionamientos" e "insalvables contradicciones". Para la Cámara el "eje del reproche del Dr. Oyarbide es la decisión política" que tomaron las autoridades para realizar la ampliación de esos gasoductos norte y sur en el 2005. "La subestimación del factor tiempo, a pesar de reconocer que una y otra vez fue invocado en los expedientes del Enargas, es consecuencia de haber entendido que era preferible no hacer las obras en lugar de asumir la elevada demanda económica de los contratistas. Justamente allí recae su principal error", sostuvieron en el fallo. "A casi cinco años de investigación y descartada la hipótesis de defraudación, el cuándo, dónde, cómo, quién, a quién y el porqué del supuesto cohecho se revelan como preguntas vacías, huérfanas de toda base material, es decir de cualquier referencia objetiva", advirtieron los camaristas. En ese sentido, acusaron a Oyarbide porque "subestimó la urgencia con que se necesitaban las obras", lo que significaría un precio más elevado del normal, sumado a que para los camaristas "no valoró" informes cursados por el Poder Ejecutivo en el caso. "Ni la decisión de hacer las obras, ni la metodología utilizada, ni los precios acordados pueden reputarse en sí mismos delictivos ante la total ausencia de elementos que así lo indiquen", determinaron. "Quedó demostrada la incorrección del silogismo que condujo al juez a considerar delictiva la contratación de las obras de ampliación pues, aun con el desfasaje entre la inicial proyección de costos y el precio final, la irrazonabilidad por él predicada es tan sólo producto de una argumentación circular y autoconfirmatoria", aseguraron. Los jueces razonaron que al ser descartado el pago de sobreprecios en las obras, lo que era la principal "hipótesis delictiva" y a raíz de la cual se sospechaba que hubo un pago de cohechos, este último cargo "se vació de contenido". "Aceptar que las contrataciones pudieron haber respondido a valores de mercado y, paralelamente, afirmar la existencia del perjuicio que supone la defraudación, denota una insalvable contradicción", concluyó el Tribunal. Fuente: NA.