NARCOVALIJAS | Al juez en lo Penal Económico, que llevaba la investigación por el contrabando de 60 kilos de cocaína desde Buenos Aires al aeropuerto madrileño de Barajas, lo acusan por "mal desempeño de sus funciones". En seis meses se enfrentará al Jury de Enjuiciamiento.
El Plenario del Consejo de la Magistratura, por 15 votos a favor contra dos abstenciones, suspendió ayer al mediodía "por mal desempeño de sus funciones" al juez en lo penal económico Carlos Liporace.
La decisión del cuerpo se basó sobre la actuación del juez en la llamada "causa Southern Winds", el contrabando de 60 kilos de cocaína desde Buenos Aires al aeropuerto madrileño de Barajas, y la devolución de siete millones de dólares a la curtiembre Yoma, a la que la AFIP le reclamaba impuestos adeudados.
Liporace enfrentará dentro de los próximos seis meses un Jurado de Enjuiciamiento que deberá resolver si lo destituye o lo repone en su cargo.
La suspensión fue votada por los consejeros Bindo Caviglione Fraga, Abel Cornejo, Joaquín Da Rocha, Ricardo Gómez Diez, Claudio Kiper, Carlos Kunkel, Eduardo Orio, Lino Palacio, Luis Pereira Duarte, Victoria Pérez Tognola, Humberto Quiroga Lavié, Marcela Rodríguez, Beinusa Smukler, Federico Storani y Luis Gemignani. Los senadores Nicolás Fernández y Norberto Massoni se abstuvieron.
La acusación contra el ahora suspendido juez, quien había sido apartado de la instrucción de la "causa Southern Winds" por sus superiores de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, fue impulsada por el ex consejero radical Juan Mínguez.
El dictamen acusador aseguraba que el magistrado "participó deliberadamente en el encubrimiendo de la verdad" y no lo hizo por "errores involuntarios, o porque fue sorprendido en su buena fe".
"La parcialidad en la que sucumbió el juez Liporace, dejando impolutos a quienes tenían mayor jerarquía y poder en la Empresa Southern Winds S.A y a quienes estaban de alguna manera vinculados al Estado, se nutrió para arribar al resultado buscado de numerosos artilugios que a su vez dieron nacimiento a graves irregularidades", sostuvo la comisión acusadora.
Según el dictamen, el magistrado "obstaculizó, con miras a arribar al fin añorado, cualquier otra hipótesis o medida tendiente a arrojar luz sobre lo sucedido, ya sea a través de demoras, no realización de medidas, o con sentencias carentes de fundamentación".
"La crónica de la causa habla por sí sola. Cada actuación que el Magistrado desplegó fue efectuada teniendo en miras la consecución de un fin previamente estipulado, el cual sin lugar a dudas fue que la pesquisa avanzara hasta un punto determinado y se detuviera", destacaba.
Los acusadores habían considerado probado que Liporace "intentó reiteradamente, a través del entorpecimiento de la investigación, edificar una ficción y presentarla como el hallazgo de lo único y ciertamente ocurrido".
