Trenes con mal servicio y sin control

El hartazgo de los pasajeros por las demoras y cancelaciones de las prestaciones fue utilizado por activistas para provocar desmanes, saqueos, y generar un inaceptable clima de violencia. Nada justifica los hechos que causaron la destrucción de 15 coches y del edificio central de la estación Haedo -en manos de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA)-, y de varios comercios de las inmediaciones. Sin embargo, es indispensable determinar quiénes -por acción u omisión- han posibilitado que el servicio de trenes llegara a esta situación crítica. El abandono de nuestros ferrocarriles data de hace muchos años, a pesar de que cuando fueron entregados en concesión a manos privadas se indicó que la sociedad no pagaría más por la ineficiencia de la entonces empresa estatal y que se accedería a mejores servicios. Sin embargo, la realidad ha demostrado lo contrario. En efecto, el transporte por tren presenta en algunas líneas vagones en un estado deficiente, ventanillas y asientos rotos, escasa limpieza, inseguridad, incumplimiento de los contratos de concesión y falta de servicios, mientras el Estado continúa aportando millonarios subsidios. El defensor del pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, promovió meses atrás una acción judicial contra las empresas concesionarias del servicio de trenes de pasajeros del área metropolitana -Ferrovías SA, Trenes de Buenos Aires (TBA), Transportes Metropolitanos SA (ex línea General Roca) y Unidad de Gestión Operativa SA (ex línea San Martín)- por los reiterados y sistemáticos incumplimientos que generan situaciones de flagrantes violaciones de los derechos de millones de usuarios que tienen que utilizar diariamente un transporte prestado en malas condiciones, en algunos casos con riesgo para la vida de las personas. La demanda judicial exige a las empresas que se brinde un servicio digno y eficiente en lo referido a las condiciones mínimas de seguridad e higiene, en particular en lo referido al estado general de las estaciones -presencia de guardias y jefes de estación, baños públicos habilitados y limpios, iluminación adecuada de accesos y andenes-, vigilancia, información con horarios de arribo y salida de las formaciones, y estado de los vagones. Todo esto se debería cumplir para que las prestaciones conformen las exigencias constitucionales que establecen que los usuarios y consumidores tienen derecho a condiciones de trato equitativo y digno, y que las autoridades deben garantizar la protección de esos derechos y la calidad y eficiencia de los servicios públicos. En primer término, corresponde dilucidar el papel que ha tenido en esta cuestión la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Al respecto, la Auditoría General de la Nación (AGN) fue categórica al señalar en un informe -cuyo trabajo de campo se hizo entre agosto de 2004 y marzo de 2005- que la CNRT ha realizado pocos y deficientes controles, y ha evidenciado una absoluta desatención de los reclamos de los usuarios. Asimismo, advirtió que las inspecciones sobre el material rodante eran deficientes y que se había verificado la ausencia de un mecanismo de sanciones que incentivara el cumplimiento de las normas. La atención también debe dirigirse a los millonarios subsidios que reciben las empresas concesionarias. Según la CNRT, en 2004 Metrovías recibió 51 millones de pesos; TBA, 48 millones; Ferrovías, 39 millones, y Metropolitano, 70 millones. Es necesario, entonces, que haya una clara y transparente rendición de cuentas del destino y de la aplicación de esos fondos. No menos importante es la defensa que el Estado debe asumir frente a los irresponsables ataques que sufren los trenes y edificios que conforman los activos de las empresas ferroviarias. Quienes atentan contra estos bienes deberían ser justa y legalmente sancionados de acuerdo con las normas vigentes. Es de esperar que las autoridades nacionales y los organismos de control, en particular la CNRT, asuman un papel más activo y contundente para exigir el cumplimiento de los contratos de concesión y velar por la calidad del servicio que se brinda a millones de usuarios. Y, al mismo tiempo, que sean implacables ante los incumplimientos contractuales y frente a los actos de vandalismo. Fuente: La Nación.