Un fiscal denunció al Estado uruguayo por las pasteras

La demanda de Viana se radicó en el Juzgado Civil de Segundo Turno, cuyo titular es el juez Juan Carlos Contarín. Su pedido solicita que se declare al Estado uruguayo responsable por la omisión en el cumplimiento de su deber de protección del medio ambiente y que el levantamiento de esas empresas en Fray Bentos son incompatibles con el "Derecho Ambiental de la República Oriental del Uruguay", tomando en cuenta que el propio Gobierno confesó que no cuenta con medios de control correctos. Según fuentes cercanas a la investigación, el fiscal Viana entiende que el juez Contarín habría prejuzgado en un primer momento la denuncia y que por ese motivo la causa estaba trabada desde las primeras denuncias que datan ya de 2003. Viana, en la actualidad, optó por un perfil más bajo debido que en los últimos tiempos trascendió en diferentes tribunales uruguayos que podría ser apartado de la causa que él impulsó. El funcionario judicial había antepuesto además una medida cautelar de "no innovar" para frenar durante un tiempo -hasta tanto se efectuaran los análisis de impacto sobre el ecosistema- la construcción de las plantas. Sin embargo, Contarín rechazó este planteo y sostuvo que "en modo alguno puede entederse perjudicial", la actividad de las pasteras. La denuncia de Viana se basó, entre otros documentos, en informes de la Facultad de Ciencias y Química de la Universidad de Montevideo. El profesor de Ciencias y Química Ignacio Stolkin cuestionó esta tarde duramente el informe de impacto ambiental presentado por la empresa celulósica Botnia y señaló que el informe es "incompleto y falto de seriedad". Stolkin es experto universitario y elaboró varios informes ambientales basados en las aguas del Río Uruguay, que se convirtieron en la base de la denuncia del fiscal uruguayo Viana contra la instalación de las pasteras. En diálogo con Radio 10, el especialista asegura que " las objeciones a la instalación de la papeleras son muchísimas", no solo de sus informes, sino de resoluciones del propio Ministerio de Medio Ambiente uruguayo y del Banco Mundial. "El estudio de técnico de Botnia carece en su mayor parte de consistencia científica para ser aprobado como tal. Es incompleto y falto de seriedad", recalcó el científico.