Una denuncia hace tambalear la licitación del tren de alta velo

Para el legislador la falta de las certificaciones necesarias "podría detener la firma de los contratos de adjudicación de la obra fijada para el 26 del corriente". Acompañado por los titulares de la Asociación Civil de Defensa de Usuarios y Consumidores, Pedro Bussetti, y el Centro de Educación del Consumidor, Susana Andrada, el diputado nacional de Buenos Aires para Todos Proyecto Sur pidió abrir un sumario que investigue supuestas irregularidades del gobierno por incumplir la ley 24.354 que establece los requisitos del Plan Nacional de Inversiones Públicas. "Para que un proyecto pueda ser parte de un plan anual de inversión incluido en el presupuesto nacional —explicó Lozano— previamente debe contar con un dictamen de la Dirección de Inversiones del Ministerio de Economía de la Nación", donde se concentran las propuestas y se hacen los análisis técnicos, financieros y de oportunidad. El legislador subrayó que "se desconoce que este proyecto cuente con ese dictamen y por eso pedimos que se investigue". El dictamen de certificación del que al parecer carece el proyecto es un trámite obligatorio para toda obra que supere el uno por mil del presupuesto anual de inversión pública nacional, correspondiente al ejercicio anual inmediato anterior. La intimación se debe a que la megaobra del tren de alta velocidad representa casi el 15% de toda la inversión que hará el Estado en este año, es decir 150 veces más que el mínimo requerido para que se le otorgue el debido dictamen. Cuando restan ocho días para firmar la adjudicación a una empresa francesa, la FIA podría anular la operación por incumplimientos legales. Pero los denunciantes van por más y evalúan efectuar una presentación ante la Justicia. La necesidad y la prioridad del tren bala son las cuestiones de fondo en las que disiente Lozano. Según estudios realizados por los organismos demandantes el tren bala se sostendría con 8 millones de pasajeros por año, cuando hoy los viajes entre Buenos Aires, Rosario y Córdoba, sumando todos los medios de transporte, no supera los 5 millones. Además, por los números que se manejan, parecería que el costo del pasaje sería similar al del avión, "es decir que el tren rápido sería únicamente para los sectores más acomodados, por lo cual debería ser subsidiado", dijo Lozano. Junto con esto, quienes cuestionan el proyecto advirtieron que "no está claro que el país cuente con el suficiente desarrollo tecnológico para que el tren funcione y se corre el riesgo de que sea un fracaso". En este tipo de proyectos los ceros son incontables. Lozano analizó que con las tres cuartas partes del dinero que se invertiría en un tren de alta velocidad, se podrían recuperar 11 mil kilómetros de vías para transporte de carga y 7 mil para pasajeros, además de 100 locomotoras y otro tanto de vagones. "Creemos prioritario reconstruir la red ferroviaria nacional y no un tren elitista que llevaría a un endeudamiento", remarcó el diputado. El tren bala costará más de 1.300 millones de dólares, cifra que al sumar los costos financieros se eleva a 3.500 millones de dólares. "Los costos de financiación son mayores a la operación misma. Es posible que la inexistencia de dictamen se deba a la imposibilidad de justificar esto", manifestó Lozano, quien además sospecha que "la única justificación de este proyecto es contar, a través de un negocio, con la venia francesa y así sumar un apoyo más en Europa". A partir de hoy la FIA deberá examinar las posibles irregularidades cometidas en la licitación del tren de alta velocidad. Según Lozano, mientras el gobierno no aporte información con la descripción técnica, el presupuesto detallado, las hipótesis de demanda y la evaluación de la rentabilidad económica y social del proyecto, "el Estado no tiene ningún elemento objetivo que fundamente la conveniencia y prioridad del proyecto". Fuente: Punta de Rieles.