| La investigación por el supuesto pago de sobornos en la construcción de dos gasoductos ya no tiene detenidos, luego de que uno de los acusados concretó el pago de una fianza de 80 mil pesos que le permitió recuperar la libertad a instancias de un fallo de la Cámara de Casación Penal.
Se trata de Adrián López, quien era el apoderado de Infiniti Group, una de las empresas fantasma que usó la constructora sueca para disimular el pago de sobornos en las obras de los gasoductos.
López permanecía detenido a disposición del juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart, quien se había opuesto a concederle la libertad, pero en mayo pasado la Cámara de Casación fijó en 300 mil pesos la fianza como condición para concederle la excarcelación.
López no pudo reunir ese dinero y nuevamente recurrió a ese tribunal para pedir una reducción del monto que finalmente fue fijado en 80 mil pesos.
El juez Biscayart le imputa a López el haberse dedicado junto a otro grupo de personas a vender facturas apócrifas que le permitieron a la firma Skanska evadir impuestos. Está procesado por los delitos de asociación ilícita fiscal y como partícipe de la evasión de Skanska.
López estaba preso desde el 16 de marzo de 2006 y al momento de prestar declaración indagatoria fue uno de los hombres que vinculó al ministro de Infraestructura, Julio De Vido, con el supuesto pago de coimas.
Al momento de explicar al juez qué hacía con el dinero que le pagaba Skanska por tareas no realizadas, López afirmó que "el monto de las obras era aproximadamente de 1.500 millones de pesos que se lo dio a un funcionario que sería De Vido".
Fue esta declaración lo que derivó en su traslado con protección especial desde la cárcel de Marcos Paz al entender el juez que al haber denunciado el gobierno su vida corría peligro. Esa decisión desató una polémica entre el juez y el ministro del Interior Aníbal Fernández que rechazó el ingreso de López a la Superintendencia de Investigaciones con el argumento de que no se pueden alojar presos en dependencias policiales, al tiempo que denunció al juez ante el Consejo de la Magistratura.
Finalmente el acusado quedó detenido en el Centro de Contraventores y desde allí fue excarcelado no sin antes ser incluido en un programa especial de protección de testigos.
